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Publicación semanal El Periódico

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El presupuesto quedó aprobado

¿Podrá ejecutarse? ¿Beneficiará a la población?

Estamos en una encrucijada. Múltiples escenas de corrupción han socavado la poca confianza ciudadana que quedaba en el sistema y en los funcionarios públicos. No importa a dónde volvamos a ver. Todos los días emergen nuevas situaciones que ponen en evidencia un uso indebido del erario. Los señalamientos alcanzan a demasiadas personas y entidades, quedando pocos santos parados. Un obscuro manto ha sido tendido sobre la gestión gubernamental, cubriendo a muchas dependencias, personas y organizaciones. Las frecuentes faltas a la ética y la cuestionada probidad de muchas autoridades han creado una putrefacta costra sobre el sistema, que no lo deja respirar. Los casos revelados se traducen en nuevos controles para la administración pública. Así, se siguen acumulando pasos y trabas, que la conducen al fracaso.

Sólo quienes han tenido experiencia en el gobierno saben lo tremendamente complicado que es ejecutar fondos del Estado. A las leyes vigentes, de por sí obsoletas y muchas veces contradictorias, se han sumado controles adicionales, que merman aún más su ya limitada eficiencia. Las acciones inescrupulosas de funcionarios y de quienes hacen negocios con ellos, han motivado cerrojos, candados y cadenas para evitar los malos manejos. Sin embargo, estos terminan imposibilitando la labor de quienes desean hacer bien las cosas. Se acusa a los ministerios de una débil gestión, pero muchos críticos no alcanzan a comprender que, en buena medida, esta falla es consecuencia de normas y regulaciones que les han maniatado. Reparar o construir una escuela, trasladar fondos a las comunidades o distribuir materiales oportunamente se han vuelto tareas titánicas, que deben superar múltiples escollos.

Cada vez es más tortuoso ejecutar el presupuesto. Aparte de lograr cuota –tarea compleja bajo la grave restricción de recursos que impera, la ruta a seguir es tremendamente complicada. Nadie puede estar tranquilo. Los jefes no confían en sus subalternos. No es sencillo encontrar personas dispuestas a integrar juntas calificadoras o receptoras. Conseguir una firma se ha vuelto una odisea, pues los involucrados piensan que cada acción los comprometerá. Todos están más preocupados en no asumir riesgos que en lograr los objetivos trazados. El fantasma de una larga e indiscriminada cuentadancia los persigue. Pocos quieren incursionar en el servicio público, pues, aparte de las complicaciones ya referidas, quienes se atreven, aunque gocen de una buena reputación y de una reconocida trayectoria, ven cómo son juzgados con ligereza y se convierten rápidamente en víctimas de las generalizaciones. Sin embargo, pareciera ser que los obstáculos y controles no han logrado limitar la desenfrenada ambición de aquellos que, pese a las múltiples regulaciones, encuentran la forma de seguir robando nuestros recursos. La ecuación no funciona. Nuestra sociedad debe transitar una vía alterna. Debe encontrar un camino que permita llevar a personas probas como funcionarios públicos y darles herramientas ágiles y eficientes para hacer su labor.

Roberto Moreno Godoy