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Publicación semanal El Periódico

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Magistrados idóneos

La decisión final recae ahora en los diputados.

La pelota cambió de cancha. El martes de la semana pasada, la Comisión instalada a mediados de enero entregó a la Junta Directiva del Congreso, ente que la juramentó, la nómina escrita de 40 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral.  Al quedar disuelta la Comisión, terminó una carrera contra el reloj y comienza otra. La primera implicó un proceso acelerado y con poco margen de maniobra, en el que en apenas 24 días hubo de realizar múltiples tareas y publicaciones, dar plazos fatales para presentar información y señalamientos, permitir a las personas defenderse y resolver amparos e impugnaciones, entre otras. Esto ejerció presión sobre todos, no solo sobre los comisionados. Los candidatos, las instituciones a las que se requirió información, y las personas y organizaciones llamadas a pronunciarse sobre los aspirantes, también se vieron expuestas al apremio, no pudiendo siempre sustentar sus planteamientos suficiente u oportunamente.

Las cosas deben mejorar. Una de las principales lecciones es la urgente necesidad de llegar a acuerdos sobre cómo establecer la reconocida honorabilidad de los aspirantes, requisito de ley difícil de evaluar y en donde surgen las mayores divergencias.  Para unos, la reconocida honorabilidad se presume, así como se presume la inocencia, y si no se cuenta con pruebas fehacientes que fundamenten su inexistencia, basta con documentarla mediante la ausencia de antecedentes penales y la constancia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Para otros, cuyo criterio comparto, la reconocida honorabilidad se demuestra y se determina únicamente por las acciones de vida de la persona. Así, el candidato debe comprobar que tiene méritos y logros, que es imparcial e independiente y que goza de reconocimiento social como profesional probo y capaz, idóneo para el cargo al que aspira. Este requisito debiese ser calificado con especial rigor. Sin embargo, se cae en la trampa de un proceso que no dispone de tiempo, recursos e información adecuados para hacerlo. Esto debe ser resuelto. 

La nómina escrita incluye a profesionales con una valiosa trayectoria profesional. Ahora corresponde al Congreso revisarla con detenimiento y seleccionar a aquellas personas que gocen del mayor reconocimiento, que posean más capacidad y que cuenten con la mejor experiencia para conformar el Tribunal Supremo Electoral. Los diputados enfrentan la enorme responsabilidad que la Constitución ha depositado en ellos para la elección final. Las organizaciones de la sociedad civil deben acompañar de cerca este proceso, y los ciudadanos debemos interesarnos en el asunto y prestarle la debida atención.

Roberto Moreno Godoy